Mientras
el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra examina una resolución en la que se
pide una investigación internacional de presuntos crímenes de guerra en Sri
Lanka, defensores y defensoras de los derechos humanos en el norte de este país
han sido arrestados, detenidos y amenazados.
La
destacada activista de derechos humanos srilankesa Balendran Jeyakumari fue
detenida el 13 de marzo junto con su joven hija en Kilinochchi, en el norte de
Sri Lanka. Funcionarios confirmaron su detención por el Departamento de
Investigación Terrorista en el centro de detención de Boosa. Su hija fue
entregada después al Departamento de Libertad Condicional y los Servicios de
Atención de Menores.
El Departamento de Investigación Terrorista tiene un amplio historial en el uso de la tortura y otros malos tratos por parte de sus agentes, tanto en el centro de detención de Colombo como en el de Boosa. Las autoridades de Sri Lanka afirman que Balendran Jeyakumari fue detenida por dar refugio a un sospechoso en un tiroteo, lo cual ella ha negado ante el juez. Varias personas, entre ellas un destacado parlamentario local, han acusado a las autoridades de Sri Lanka de montar el incidente para incriminarla. En febrero pasado, Jeyakumari había informado a la sociedad civil local y los medios de comunicación internacionales de que la seguía un grupo de individuos no identificados y que estaba aterrorizada.
Otros dos destacados defensores de los derechos humanos, K. M. Rukshan (Ruki) Fernando y Praveen Mahesan, sacerdote católico, fueron detenidos por dicho Departamento en aplicación de la Ley de Prevención del Terrorismo, tras intentar investigar la detención de Balendran Jeyakumari y asegurarse de que su hija estaba bien. Los dos quedaron en libertad sin cargos el 18 de marzo, pero siguen en peligro de sufrir hostigamiento y volver a ser detenidos, además de enfrentarse a otras restricciones de sus derechos.
Balendran
Jeyakumari y su hija han sido muy visibles en las manifestaciones contra las
desapariciones forzadas, exigiendo información sobre su hijo, Mahindan, que,
según ésta afirma, fue reclutado forzosamente por los Tigres de Liberación de
Eelam Tamil y desapareció tras entregarse a las fuerzas del gobierno en 2009.
Ambas
también han animado activamente a otras mujeres a denunciar la desaparición de
sus seres queridos. Tras su detención, otras mujeres que exigen
responsabilidades por presuntas desapariciones forzadas dijeron a defensores de
los derechos humanos de Sri Lanka que habían recibido amenazas telefónicas de
la policía y que también estaban preocupadas por su seguridad.
El 16 de marzo, tres días después de la detenciónde la activista, las fuerzas de seguridad de Kilinochchi y Mullaitivu lanzaron en los distritos septentrionales una operación de búsqueda a gran escala de un hombre que, según dijeron, había pertenecido a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, estaba intentando ayudar a su "reagrupación" y había disparado a la policía cuando ésta trataba de detenerlo.
No
lo encontraron, pero durante la operación se detuvo para interrogarlas a varias
personas que fueron agredidas físicamente, entre ellas un hombre que había
tratado de grabar las imágenes de la detención de su hermano. Ambos hermanos
quedaron después en libertad sin cargos. Las operaciones de búsqueda
continuaron el 20 de marzo en los pueblos situados entre Mullaitivu y Vavuniya,
donde se informó de más detenciones.
Ruki Fernando ocupa actualmente el puesto de asesor de temas de derechos humanos para el Centro de Documentación sobre Derechos Humanos INFORM, en Colombo. Praveen Mahesan, sacerdote católico, ha trabajado como director del Centro para la Paz y la Reconciliación radicado en Jaffna y es párroco de Kilinochchi. Ambos son conocidos por su trabajo en apoyo de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de sus familias.
La
policía de Kilinochchi dijo a otro activista que estaba preocupado por la
suerte del padre Praveen y de Ruki Fernando y que ambos estaban detenidos por
facilitar "información falsa" sobre la situación de los derechos
humanos en el norte de Sri Lanka que dañaba la reputación del país en el
Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
El
oficial al mando de la policía de Kilinochchi dijo a un abogado radicado en
Colombo que Fernando y Praveen eran sospechosos porque habían visitado a
familias que habían perdido a algún miembro en la guerra. Funcionarios de
Colombo afirmaron después que los activistas estaban siendo interrogados sobre
el intento de "reagruparse" de los Tigres de Liberación desde el
extranjero o que estaban "incitando a la violencia entre comunidades".
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