Quién le pone el cascabel a Fitonovo

El desarrollo de la Operación Madeja no va a parar de sorprendernos en los próximos meses. Más aún si cabe al Ayuntamiento de Sevilla, presidido por Juan Ignacio Zoido, por mucho que se empeñe en mirar para otro lado como si la cosa no fuera con él. Las investigaciones policiales avanzan y cada vez se van desvelando nuevos datos que apuntan a que presuntamente estamos ante el mayor escándalo que ensucia a la institución sevillana.

La incautación por parte de la Guardia Civil de una lista en la que el dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo, apuntaba los regalos y dádivas que hacía a los representantes públicos de las administraciones con las que contrataba, tal y como desveló el diario ABC de Sevilla, no ha hecho sino incrementar el nivel de alarma. En ella aparece incluso el nombre del anterior regidor, Alfredo Sánchez Monteseirín, quien supuestamente habría recibido un equipo informático de regalo.

Además, el diario EL PAÍS publica hoy un artículo en el que informa de que, “según fuentes del caso”, “el relato de estos supuestos cohechos afecta tanto a políticos del PSOE como del PP”. También se verían presuntamente implicados “funcionarios del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, así como  técnicos de Consistorios y Diputaciones Provinciales de Málaga, Jaén y Cádiz”.

El procedimiento supuestamente utilizado para llevar a cabo estas acciones es ya ampliamente conocido: adjudicaciones de gestión de zonas verdes, además de determinadas obras civiles, a cambio de sobornos, según declararon los propios empresarios ante el juez.

Lo más curioso de este caso es que Fitonovo sigue siendo a día de hoy uno de los contratistas más importantes del Ayuntamiento de Sevilla; dos años después de haberse producido un cambio en el gobierno municipal, tal y como publicó este medio en su día. Además, forma parte de una red societaria que ha obtenido millonarios contratos de la administración local sevillana durante años. Incluso el propio alcalde se cabreó al enterarse de que buena parte del macrocontrato de Parques y Jardines había sido adjudicado a esta empresa. Es casi seguro que Zoido ya había oído el repicar de las campanas.

Sin embargo, extraña la apatía del Ayuntamiento a pesar del constante flujo de nuevas informaciones que apuntan lo mayúsculo del escándalo. Este medio publicó no hace mucho que la empresa incumple los pliegos de condiciones del contrato por el que percibió 10,5 millones de euros  y que supuestamente debería suponer su anulación.

A pesar de todo ello, el equipo de Gobierno encabezado por Juan Ignacio Zoido no ha hecho nada extraordinario al respecto excepto cumplir con la resolución judicial que le instaba a poner en manos del juez toda la documentación sobre la contratación de la referida empresa durante la etapa de la anterior corporación. De la sesuda investigación que prometió realizar en su día sobre todos los contratos adjudicados, incluidos los de su etapa al frente de la corporación, nada se ha vuelto a saber.

Que se filtre que en la citada lista puedan aparecer nombres de funcionarios del consistorio es ya de por sí motivo más que suficiente para que el departamento correspondiente inicie las pesquisas necesarias de cara a esclarecer el asunto. En el Ayuntamiento de Sevilla trabajan miles de funcionarios que prestan un servicio público admirable y no sería justo que la sombra generalizada de la sospecha se extienda sobre su labor. El buen nombre de la institución también está en juego aquí y es a su alcalde a quien corresponde la mayor responsabilidad de defenderlo. El único problema es determinar quién le pone el cascabel al caso desde dentro, por mucho que prentenda personarse en la causa.

Artículo publicado en sevilla report.