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25 octubre 2012

La gris balada de la policía española

 
“Cargar con porras y disparando balas de goma o de impacto reiteradamente contra manifestantes que no parecen representar ninguna amenaza y que mantienen sus manos en alto” con estas y otras palabras describe el informe que Amnistía Internacional ha hecho público titulado “Actuación policial en las manifestaciones en la Unión Europea” la forma de proceder de las fuerzas de orden público durante las manifestaciones de protesta que se han multiplicado durante los últimos meses. Nadie está a salvo de estos desmanes, ni siquiera los periodistas que acuden a realizar de manera profesional su trabajo.

Los abusos cometidos por las fuerzas del orden que se describen y documentan son contundentes y demuestran que eso tan traído y llevado del Estado de Derecho no es más que una cantinela inútil cuando de enfrentarse a una porra en el transcurso de una protesta se trata. Se relatan incluso agresiones en cabeza y cuello que causaron graves lesiones perfectamente documentadas tanto con imágenes como con testimonios de testigos directos.

El denominador común de todos los casos no es otro que la total impunidad de sus autores a la hora de rendir cuentas ante las autoridades, casi siempre por imposibilidad de llevar a cabo su identificación.

Es lo que le ocurrió a Ángela Jaramillo, de 58 años de edad, cuando acudió el 4 de agosto de 2011 a una concentración a las puertas del Ministerio del Interior en Madrid. Se encontraba junto a un banco durante la carga policial que se produjo y una agente la golpeó en la cara con su escudo y la hizo caer sobre un banco, golpeándola después con la porra en la rodilla izquierda y causándole una lesión por la que necesitó atención médica.

Ángela formuló denuncia por la agresión el día 5 de agosto de 2011 aportando incluso imágenes e informes médicos. El 15 de marzo de 2012, un juzgado de Madrid resolvió de manera definitiva no admitir la denuncia porque la agente responsable no había podido ser identificada. Tres meses más tarde, el 15 de junio pasado, Ángela falleció de un ataque cardíaco sin poder ver el sueño de que se hiciera justicia en su caso.

Es conveniente leerlo íntegro para calibrar en su justa medida lo que se preocupan por los ciudadanos quienes están encomendado a preservar su seguridad y protegerles. Y eso que ellos también han sufrido los duros recortes del Gobierno. No me quiero imaginar qué hubiera pasado si les hubiesen primado.

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