El pasado 13 de mayo, Ali Hassan Ali
Mohammad Jasem, de 11 años, fue detenido en una calle próxima a su casa donde
se estaba celebrando una manifestación, mientras estaba jugando con otros dos
niños en el barrio de Bilad al Qadeem, a la afueras de Manama, en Bahréin. Unos
agentes de policía les dieron el alto y amenazaron con disparar contra ellos si
no hacían lo que les decían. Los otros dos niños lograron escapar, pero Ali
Hassan fue detenido en el acto, acusado de bloquear intencionadamente la calle
con grandes contenedores de basura comunitarios.
No se le permitió ver a un abogado
hasta poco antes de comparecer ante un tribunal de menores el 6 de junio. Quedó
en libertad bajo fianza el 11 de junio, y su próxima vista judicial estaba
prevista para el 20 de junio. Está acusado de "concentración ilegal"
y "alteración de la seguridad". Amnistía Internacional pide que
se retiren los cargos contra él.
Según la información recibida, tras su
detención lo llevaron de unas comisarías de policía a otras durante alrededor
de cuatro horas y lo interrogaron. Una vez en libertad, dijo a su abogado que
durante todo ese tiempo estuvo solo y, hambriento y cansado, acabó
"confesando" los delitos de los que le acusaban.
Compareció ante el fiscal de menores el
12 de junio, cuando se prorrogó la orden de detención contra él. Negó todas las
acusaciones y dijo que había "confesado" únicamente porque la policía
había prometido dejarlo libre si lo hacía. A lo largo de su detención estuvo
recluido en un centro de detención de menores.
El 29 de mayo, el fiscal de menores lo
acusó formalmente de "participar con otros en una concentración ilegal de
más de cinco personas a fin de alterar la seguridad pública con violencia"
en aplicación de la legislación sobre menores y los artículos 178 y 179 del
Código Penal de Bahréin, que tratan de las concentraciones de más de cinco
personas a la vez.
El artículo 32 de Código Penal de
Bahréin reza: "La persona que no tenga más de 15 años en el momento de
cometer un acto constitutivo de delito no será considerada responsable. En este
caso se le aplicaran las disposiciones del derecho de menores." Estas
actuaciones son contrarias a la Convención de los Derechos del Niño, en la que
Bahréin es Estado Parte.
Las autoridades bahreiníes no han expresado
públicamente su intención de introducir reformas y aprender las lecciones de lo
sucedido en febrero y marzo de 2011, cuando reprimieron las manifestaciones
contra el gobierno.
En noviembre de ese año, la Comisión
Independiente de Investigación de Bahréin, establecida por el rey Hamad bin
Issa Al Jalifa, presentó un informe sobre su investigación de las violaciones
de derechos humanos cometidas en relación con las manifestaciones contra el
gobierno.
Dicho informe determinó que las
autoridades habían cometido graves violaciones de derechos humanos con
impunidad, entre ellas uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, torturas
y otros malos tratos infligidos a manifestantes de manera generalizada, juicios
injustos y homicidios ilegítimos.
También instó al gobierno a establecer
de inmediato un organismo independiente, formado por representantes de la
sociedad civil, la oposición y el gobierno; supervisar la aplicación de las
recomendaciones de la Comisión; emprender reformas legislativas para garantizar
que la legislación se ajusta a las normas internacionales de derechos humanos;
hacer rendir cuentas a los responsables de abusos; dejar en libertad a todos
los presos de conciencia, y realizar investigaciones sobre las denuncias de
tortura.
Hasta ahora la respuesta del gobierno sólo se ha ocupado muy superficialmente de esas cuestiones. Las reformas han sido muy irregulares, quizá porque sólo tenían por objeto apaciguar a los socios internacionales de Bahréin, y no han comportado verdadera rendición de cuentas ni justicia a las víctimas.
Hasta ahora la respuesta del gobierno sólo se ha ocupado muy superficialmente de esas cuestiones. Las reformas han sido muy irregulares, quizá porque sólo tenían por objeto apaciguar a los socios internacionales de Bahréin, y no han comportado verdadera rendición de cuentas ni justicia a las víctimas.
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