Faustin Ndikumana, presidente de Palabras y Acción para el Despertar de la Conciencia y la Evolución de las Mentalidades (PARCEM), es un activista anticorrupción de Burundi, pequeña nación del África Oriental, que fue detenido el pasado 7 de febrero por denunciar que algunos jueces habían obtenido sus cargos sobornando a funcionarios del Ministerio de Justicia. Se le acusó formalmente de hacer “declaraciones falsas”.
Ndikumana escribió al ministro de Justicia pidiéndole que investigase y pusiera fin a la corrupción en la contratación de jueces. El 3 de febrero celebró una conferencia de prensa y concedió entrevistas a la radio denunciando la corrupción en el Ministerio.
Cuatro días más tarde fue detenido, interrogado por un juez del Juzgado Anticorrupción y acusado de hacer “declaraciones falsas”, en aplicación del artículo 14 de la Ley Anticorrupción. Puede ser condenado a 10 años de prisión y al pago de una multa de hasta un millón de francos burundeses (775 dólares americanos).
La detención se produjo como consecuencia de una denuncia judicial presentada por el propio ministro de Justicia. Las sociedades y asociaciones pueden ser también enjuiciadas en Burundi, en aplicación de la ley y condenadas al pago de multas, cuyas cuantías pueden alcanzar los diez millones de francos burundeses (7.750 dólares americanos).
Ndikumana se encuentra detenido en la Prisión Central de Mpimba, en la capital, Bujumbura, en condiciones de hacinamiento e insalubridad, y su detención vulnera las leyes burundesas. Porque, según el artículo 71 del Código Penal, la detención previa al juicio sólo debe emplearse cuando sea necesaria para preservar pruebas, proteger el orden público, proteger al sospechoso, impedir que continúe cometiéndose el delito o garantizar que el sospechoso comparece ante el tribunal. Ninguno de los supuestos es aplicable a este caso.
Burundi se caracteriza por tener una vibrante sociedad civil que sigue expresándose públicamente pese a los intentos del gobierno de silenciarla. El poder utiliza de manera sistemática el hostigamiento por parte de las autoridades judiciales, las detenciones arbitrarias, la detenciones previas al juicio prolongadas y violaciones de procedimiento de la legislación burundesa para limitar ilegalmente la libertad de expresión.
Burundi es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que protegen la libertad de expresión. En el derecho internacional está reconocido desde hace tiempo que los funcionarios públicos deben tolerar más, y no menos, críticas que los ciudadanos particulares. Allí no se tiene en cuenta y, si denuncias la corrupción, te aplican la Ley Anticorrupción a ti.
Es habitual que se formulen cargos de difamación o de declaraciones falsas contra activistas de la sociedad civil, defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas. Estos cargos suelen traducirse en detenciones prolongadas previas al juicio, con la finalidad de silenciar a quienes critican al gobierno.
Juvenal Rududura, vicepresidente del sindicato de trabajadores no judiciales del Ministerio de Justicia, fue detenido por el mismo cargo en septiembre de 2008. Él también había denunciado corrupción en las contrataciones del Ministerio de Justicia. Estuvo 10 meses detenido sin juicio y los cargos formulados en su contra nunca fueron retirados formalmente.
La independencia del poder judicial en Burundi está comprometida periódicamente debido a las injerencias políticas. Tanto que el experto independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Burundi, Fatsah Ouguergouz, citó los problemas de la independencia judicial como una debilidad clave del sistema de justicia de Burundi en su informe de mayo de 2011.
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