Abelardo Sánchez Serrano es defensor de los derechos humanos colombiano y miembro de la junta directiva de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), actividad catalogada como de alto riesgo en Colombia.
El pasado 13 de enero, alrededor de las 9:20 horas, cuando se dirigía hacia la sede de CREDHOS en la localidad de Barrancabermeja, en la región del Magdalena Medio, fue abordado por dos individuos armados que viajaban a lomos de una motocicleta y que le amenazaron de muerte.
Uno de los asaltantes le encañonó con una pistola y le dijo que dejara “estar denigrando de la fuerza pública, que ya tenemos a un hijueputa guerrillero de CREDHOS encarcelado y que si es necesario si hay que darle al resto, pues lo haremos para callarlos”. Antes de marcharse, le advirtieron que tenía 72 horas para abandonar la ciudad. Abelardo teme que su vida y la de otros activistas de la organización corran peligro. No es algo baladí por aquellos lares.
Se da la circunstancia de que el día antes de recibir las amenazas, Abelardo Sánchez Serrano había anunciado en conferencia de prensa la preparación de un acto de conmemoración del 23 aniversario de la masacre de La Rochela en 1989. En aquel año, 12 de los 15 funcionarios judiciales que estaban investigando la presunta responsabilidad de las fuerzas de seguridad y los paramilitares en la muerte de 19 personas fueron asesinados en la localidad de Simacota, en el departamento de Santander. Los funcionarios murieron a manos de paramilitares, que actuaban en connivencia con las fuerzas armadas. El pasado mes de enero, la Corte Constitucional de Colombia decretó medidas de protección para los que sobrevivieron a la matanza, alegando que el Estado no lo había hecho de manera adecuada hasta ahora.
CREDHOS se encarga de proveer formación y educación en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, y recoge denuncias sobre violaciones de los mismos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por paramilitares y miembros de la fuerza pública, especialmente en casos de ejecuciones extrajudiciales en esta región colombiana.
En los últimos años también ha hecho campaña sobre más de 20 casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles perpetradas por las fuerzas armadas, que alegaron falsamente que las víctimas eran "guerrilleros muertos en combate".
A lo largo de los años, sus miembros han sido objeto de numerosas amenazas de muerte. Uno de ellos, David Ravelo Crespo, permanece detenido desde septiembre de 2010, acusado de mantener vínculos con grupos guerrilleros. Las organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación por la posibilidad de que el caso de David Ravelo forme parte de un esfuerzo para desacreditar y silenciar a la organización.
Las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares han calificado frecuentemente a las organizaciones de derechos humanos y a los sindicatos de colaboradores o simpatizantes de la guerrilla, y han amenazado, secuestrado o matado a sus miembros. Los grupos guerrilleros también han amenazado o matado a defensores y defensoras de los derechos humanos y a sindicalistas a los que consideran aliados del enemigo. Tales derechos son inexistentes cuando se está justo en medio de un conflicto.
Durante las cuatro décadas de conflicto armado de Colombia, las fuerzas de seguridad han cometido ejecuciones extrajudiciales de manera generalizada y sistemática. Forman parte de las tácticas de terror utilizadas por como parte de la estrategia de contrainsurgencia.
La Fiscalía General está investigando más de 2.000 casos de ejecución extrajudicial cometidos, según los informes, por las fuerzas de seguridad. Muchas de las personas que hacen campaña por la justicia en casos de ejecución extrajudicial han recibido amenazas de muerte o han muerto a manos de miembros de las fuerzas de seguridad o de los paramilitares que trabajan con ellas.
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