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11 enero 2012

En peligro la paz social de Tussam

Hoy 11 de enero, con todos los límites legales establecidos en convenio rebasados con holgada amplitud, la plantilla de Tussam todavía no ha cobrado al completo el importe de su nómina correspondiente a diciembre. Los ánimos de los trabajadores no están precisamente por los cielos, hasta tal punto que las secciones sindicales con representación en el comité de empresa están convocando asambleas de afiliados para determinar las medidas a tomar en caso de que el problema persista a final de este mes. La paz social corre peligro de quebrarse.

A día de hoy no hay seguridad ninguna de que los retrasos en el cobro no se vayan a volver a producir, pese a la buena voluntad tanto de la dirección de la empresa como del Ayuntamiento. La mejor prueba de ello han sido las propias declaraciones que ha efectuado esta mañana Juan Ignacio Zoido a Europa Press; en ningún momento ha asegurado nada, se ha limitado a decir que “confía en que no haya problemas" con las nóminas de enero. Tanto el alcalde como la gerencia han mostrado un especial interés por trasladar a los trabajadores el agradecimiento por la “comprensión” demostrada ante esta situación. Sin embargo, sólo una solución definitiva que devolviera la normalidad haría posible recuperar el clima de tranquilidad.

A ello se suma el malestar en los representantes sindicales ante la postura unilateral del Ayuntamiento de dar por hecho el acuerdo mediante el que se aplica una rebaja salarial del 5% a toda la plantilla. Rebaja que incluso viene reflejada en los presupuestos municipales para 2012. Ya en su día los sindicatos negaron que existiera ningún acuerdo. La situación actual es que no hay nada firmado ya que, aunque el pacto estaba muy próximo, las negociaciones se interrumpieron por parte de los sindicatos cuando comenzaron a agravarse los retrasos en los pagos y todavía no se han retomado.

Pero es que además las circunstancias han cambiado considerablemente desde entonces, ya que la subida de impuestos a través del IRPF anunciada por el gobierno de Rajoy y la más que previsible subida del IVA prevista para después de marzo han acabado de voltear el panorama. La aplicación de ambas medidas supondría un cambio radical en el paisaje, puesto que si se les añadiera un recorte salarial del 5% supondría una merma más que considerable en el poder adquisitivo de una plantilla que lleva con el sueldo congelado desde 2009.

Hace unos días, la edición del XIII Barómetro Socioeconómico (PDF) de Sevilla por la Fundación Antares Foro y Centro Andaluz de Prospectiva puso de manifiesto una mejora considerable en el uso y la percepción del servicio por parte de los sevillanos. La valoración del alcalde en su gestión del transporte público obtuvo 6,3 puntos sobre 10. El autobús es utilizado por 90,5% de los ciudadanos y obtiene una puntuación de 6,72 y el Metrocentro por un 42,3%, con una valoración por encima del 7, superando en ambos casos la puntuación obtenida en el anterior estudio de junio.

La dirección de la empresa ha emitido un comunicado felicitando y dando la enhorabuena a la plantilla por estos logros y por el magnífico comportamiento y los excelentes resultados del servicio público prestado durante la pasada campaña de navidad. Felicitaciones y parabienes que son de agradecer, pero de los que en ningún caso vive el hombre. Tampoco su familia.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Me parece mal que las nóminas no se paguen a su debido tiempo, aunque la empresa esté atravesando problemas serios de liquidez. Más discutible es que, en la coyuntura que sufre el país en su conjunto, donde todos los trabajadores del sector público han visto rebajados sus sueldos en un 5 por ciento y los mantienen congelados desde hace dos años, en Tussam estén en contra de aceptar idénticas medidas, una vez asegurado el puesto de trabajo. Sería tremendamente insolidario con el resto del proletariado que padece la destrucción de empleo que la crisis provoca. Todas las empresas municipales, independientemente del tipo de contrato con sus trabajadores, son empresas públicas, y les afecta las decisiones de "ajuste" que la Administración impone. Intentar "sortearlas" es desleal.