El caso de las falsas prejubilaciones en los ERE con cargo a la Junta de Andalucía ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de ciertas prácticas demasiado habituales en las oxidadas estructuras de los partidos políticos, que permiten que individuos de ese talante alcancen cuotas de poder casi inexpugnables por el mero hecho de poseer un carné y ser amigo fiel del dedo apuntador que efectúa los nombramientos.
Sólo así se explica que alguien como el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero, consiguiera un cargo de tal relevancia y después, abusando del poder otorgado, llevara a la práctica lo que ahora se está descubriendo que hizo.
Guerrero era militante del PSOE, aunque ahora lo hayan expulsado en un intento desesperado por lavar la cara del partido, salpicado de lleno por las oleadas de lodo del escándalo. Fue la rémora de la partitocracia imperante la que lo llevó al lugar de privilegio desde donde urdir su trama de fechorías.
Delimitar ahora si dicha designación desgraciada y las consecuencias que supuso se hizo a sabiendas y, por tanto, con conocimiento de causa de lo que iba a ocurrir es tarea que tendrá que dilucidar la Justicia; establecer si nos encontramos ante una trama planificada y con unos objetivos concretos y señalar a todos sus integrantes y a cada una de sus ramificaciones.
A priori se antoja demasiada casualidad que una persona capaz de llevar a cabo semejantes actuaciones irregulares contara con la confianza absoluta de tres consejeros de Empleo consecutivos durante un largo período de diez años.
Y, lo que es peor y dice poco y mal de los cargos que lo mantuvieron en el puesto, que ninguno de ellos se percatara de lo que estaba gestando y poniendo en práctica a la sombra de la consejería responsable del asunto más crucial y sensible para los habitantes de esta tierra; el empleo escaso y el paro lacerante que la azota desde tiempos inmemoriales. A pesar de la gravedad del caso, las responsabilidades políticas están mejor, gracias.
Pero es que ahora resulta que el cortafuegos elegido por la Junta en este escándalo, más que apagar incendios, los aviva y de qué manera. Porque lo que están desvelando sus declaraciones a la policía judicial que investiga el caso es tan jugoso que no resulta disparatado imaginar los temblores que sacudirán la institución cada vez que este señor es llamado a narrar lo sucedido.
Fue durante una de sus charlas de bar con los inspectores cuando desveló la existencia del “fondo de reptiles” de más de 645 millones de euros, aunque luego se retractó porque no se había parado a pensar que los policías, cuando se trata de una declaración en el seno de una investigación, tienen la fea costumbre de añadir al atestado policial todo lo manifestado por el interrogado.
En el transcurso de sus chácharas amigables con los agentes ha desvelado que concedía las ayudas a los amigotes, e incluso a familiares directos, por una “cuestión humanitaria”, que a corazón no hay quien le gane. Y en lo que ya se ha desvelado de la verborrea, ha implicado en el asunto a los ex consejeros de los que dependía y ahora al diputado andaluz por el PSOE, Ramón Díaz, en la negociación del ERE de Saldauto en 2007.
A este paso, en la calle San Vicente deben estar rezando porque le restrinjan las visitas a las dependencias judiciales, no vaya a ser que se le caliente la labia y acabe implicando al mismísimo Pablo Iglesias.
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