La tormenta ocasionada por el escándalo de la tramitación de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos a través de la Consejería de Empelo de la Junta de Andalucía empieza a mostrar el potencial del aparato eléctrico que se esconde tras sus amenazantes nubarrones.
Hoy se ha conocido que la Junta de Andalucía ha detectado treinta y siete nuevas irregularidades en los ERE, aprobados por la Dirección General de Trabajo a pesar de que la propia junta mostró su “disconformidad” con el “procedimiento” ante el informe de la intervención, que en ningún caso era vinculante.
El Partido Popular lleva tirando de carnaza desde el pasado fin de semana y sospecha que altos cargos del PSOE puedan estar incluidos en les expedientes fraudulentos. Y para completar el panorama, Fernando Mellet, ex direct5or de Mercasevilla ha sido detenido para prestar declaración, junto con otras seis personas, y puesto en libertad con cargos dentro de la investigación de los ERE del mercado de abastos. La cosa está de lo más caldeada y con toda seguridad no se quedará ahí.
Mientras cada día saltan a la parrilla de la actualidad nuevos datos reveladores, no es raro que algunos pretendan aprovecharse del río revuelto, para intentar colar el todo vale con tal de conseguir réditos en las próximas elecciones. En este país está más que visto que acusar sin pruebas se está convirtiendo en algo no sólo ya demasiado barato, sino también en rentable desde muchos puntos de vista, sobre todo en la esfera política.
Es legítimo en democracia que los partidos utilicen la corrupción como argumento para derrotar al contrario en las urnas, pero no lo es en absoluto cuando las acusaciones no se sustentan sobre pruebas sólidas y consistentes. Si esto ocurre, se está jugando a otra cosa.
Todavía es peor cuando es el periodismo quien comete esa torpeza de libro. En tal caso lo decente es rectificar y asumir que se ha errado, porque lo contrario supone intencionalidad descarada y, por su puesto, un atraco a mano armada a la libertad de información y a la dignidad de esta hermosa profesión.
Es lo que ha sucedido con una información publicada ayer por el diario El Mundo en portada (la imagen que ilustra este post) en la que titulaba “El candidato por el PSOE en Sevilla salpicado por las ayudas a los ERE” y que el Partido Popular, en concreto su candidato a la alcaldía, Juan Ignacio Zoido, no tardó en hacer suya sin ni siquiera verificar si los datos que se aportaban estaban lo suficientemente contrastados.
La información publicada se basa en el hecho de que Juan Espadas fue presidente de la Empresa de Gestión Medioambiental (EGMASA) en su calidad de viceconsejero de Medio Ambiente. Sin embargo, la cronología de los hechos indica que el expediente de regulación de empleo de dicha empresa se comenzó a negociar en enero de 2002 y se aprobó en septiembre del año siguiente, firmándose su protocolo de colaboración en octubre de ese mismo año, como se puede comprobar en esta noticia publicada en la web de UGT. El convenio definitivo se firmó el 4 de febrero de 2004, dándose con ello por finalizado el expediente administrativo. El problema está en que, como se puede comprobar en la página número 11.296 del BOJA número 94 del 14 de mayo de 2004, Juan Espadas no fue cesado en su anterior cargo de Director General de Prevención y Calidad Ambiental y nombrado viceconsejero de Medio Ambiente hasta esa fecha, es decir, tres meses después de que el expediente se diera por concluido.
En un caso tan grave como el que emponzoña la actualidad de Andalucía en estos días no cabe sino una actuación rápida y contundente de la Justicia y, con las pruebas pertinentes y las garantías del Estado de Derecho, que el peso de la ley caiga con todas sus consecuencias sobre los culpables. Eso y no otra cosa es la respuesta que espera la ciudadanía ante los supuestos casos de corrupción levantados, no la utilización política e interesada de la carroña como arma arrojadiza para arañar unos cuantos votos. En democracia, debería ser una ley sagrada que se puede meter la para, pero nunca la mano.
Es francamente reprobable la actitud de la Junta de Andalucía, que se niega a que se investigue el caso de los ERE por una comisión al efecto. Deberían ser los primeros interesados en esclarecer el asunto a la mayor celeridad y que se señalen cuanto antes los culpables del desaguisado. No vale prometer total transparencia, cuando se niega por principio el derecho más elemental de los ciudadanos: el saber qué se ha hecho con el dinero de todos.
Como tampoco es creíble que a estas alturas, con la constante filtración de datos sobre los vergonzantes sucesos, todavía no se haya hecho el más mínimo gesto por establecer y depurar las responsabilidades políticas pertinentes. Ya escribí aquí ayer que engañar durante más de una década y a tres consejeros diferentes me parece demasiado engañar. Aquel cargo público que delega una responsabilidad de tal calibre en alguien de su confianza o lo mantiene en ella y resulta que éste lo engaña tiene una responsabilidad política que asumir, aunque sólo sea por dignidad.
Pero es más deplorable si cabe utilizar graves acusaciones sin aportar prueba alguna sobre las que sustentarlas para conseguir ventajas electorales. Hasta ahora, los sevillanos estábamos viviendo una campaña limpia y hasta cierto punto constructiva, que dados los tiempos que corren es hasta lo más recomendable.
Es evidente que es lícito utilizar la corrupción como arma electoral contra el contrario, sencillamente porque a los ciudadanos nos asiste el derecho a saber en todo momento la verdad sobre cómo se gestionan los fondos públicos.
Pero de ahí a utilizar la mentira y la falsedad hay un trecho y no estaría de más que, por el bien de la ciudadanía y por la pronta recuperación de la dignidad de la política, tan denostada estos días, quienes se han equivocado rectifiquen y asuman su error. Porque ahora más que nunca, rectificar es de sabios.
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