El Gobierno de Zapatero se está convirtiendo en el tahúr por excelencia del eufemismo y, ya de paso, aprovechamos que el Pisuerga pasa por Valladolid y que nos viene de perlas culpar de todo a los controladores, y nos desprendemos de bienes e infraestructuras sufragadas con dinero público, es decir, de todos los españoles, y las ponemos en manos privadas para que algunos se continúen llenando a rabiar los bolsillos y calmar su insaciable voracidad por amasar fortuna. Total, los españoles son cada día más idiotas y ya ni protestan.
Hoy se ha sabido que se van a liberar -¡qué bonito vocablo en bocas socialistas!- las torres de control de 13 aeropuertos españoles, entre ellos el de Sevilla. En palabras de la Consejera de Presidencia, Mar Moreno, el objetivo que se pretende es "diversificar la gestión de los controladores aéreos y que podamos garantizar un futuro con bastante más tranquilidad en esta materia tan sensible". Es lo bueno que tiene el tener un controlador a mano, que siempre superas la prueba del algodón.
La Consejera entiende que esto no es lo mismo que la medida anunciada por Zapatero de permitir la entrada de capital privado hasta un 49% en algunos aeropuertos de España, lo que supone una privatización parcial tanto en los activos como en la actividad económica. Esto no es privatizar, señora Consejera, sino “diversificar la gestión” y por culpa de los malditos controladores, por supuesto, que ya se sabe que este Gobierno escucha la palabra tabú y se le escalda el pelo.
Habría que refrescarle la memoria a la señora Consejera y recordarle que la actual torre de control del Aeropuerto de Sevilla se incluyó dentro de las obras de la nueva terminal que diseño el arquitecto Rafael Moneo para la Expo 92 y que costaron a los españoles la irrisoria cantidad de 15.000 millones de las pesetas de la época.
Además, Aena volvió a invertir con dinero público en 2002 6,6 millones de euros, precisamente en la automatización del nuevo centro de control y del centro de navegación, junto a unas obras de urbanización y accesos del Aeropuerto de Sevilla. Si esta operación no es privatizar, la Consejera debería explicar con detalle qué entiende por poner unos bienes de origen público en manos de empresas privadas para que los utilicen a su antojo y se queden con la integridad de los beneficios.
Para echarle una mano, le voy a poner un ejemplo paralelo a la Consejera que viene muy al caso. En julio de 2007, el Consejo de Ministros aprobó un decreto, para adaptar la legislación española a la Directiva europea 2003/59/CE, por el que se regula la formación inicial y continuada de los conductores del sector del transporte de viajeros y de mercancías.
En el decreto se establece que la formación inicial que han de tener los nuevos conductores que se incorporen al sector a partir del 1 de septiembre de 2008 y todos los que quieran dedicarse a esta actividad a partir de 2011 tendrán que tener superado un examen después de haber seguido un curso de 140 horas de formación. Es el famoso Certificado de Aptitud Profesional.
Los fondos con los que se financia la impartición de dichos cursos provienen una parte aportada por los empresarios del sector y la otra descontando un 0,10% de las nóminas de los trabajadores en concepto de formación profesional. Para más inri, las empresas pueden deducir la parte que les corresponde en cada uno de los ejercicios fiscales.
En Andalucía, como bien sabe la Consejera, se alcanzó un acuerdo entre la Junta de Andalucía, los sindicatos y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) para la creación del fondo destinado a financiar los cursos.
Todos los conductores de Tussam están obligados por ley a efectuar dicho curso y de hecho este año se impartieron algunos de ellos. Pero hete aquí que ahora, ese lince de las finanzas llamado Arizaga, ha decidido unilateralmente parar los cursos porque entiende que es materia de negociación del próximo convenio. Eso sí, los descuentos para formación en las nóminas se siguen produciendo con la misma precisión de relojero cada final de mes. Y mucho me temo que su intención sea que los cursos y la asistencia a los mismos los paguen en su integridad los trabajadores.
En definitiva, que el ardid ideado por el sagaz Arizaga está claro que no es atracar un banco a punta de pistola, claro que no. Igual es que ese fuera de serie que dirige Tussam lo que está esperando es que venga alguien como la señora Consejera y le aclare qué nombre le ponemos a la criatura.
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