Phillip Shepherd, juez del circuito del condado de Franklin, dictó el 10 de septiembre la suspensión de la ejecución de Gregory Wilson, afroamericano de 53 años que iba a ser ejecutado el 16 de septiembre tras pasar dos décadas en el corredor de la muerte.
El juez ha resuelto que ve "al menos dos cuestiones de ley sustanciales" sobre la normativa administrativa de Kentucky para llevar a cabo ejecuciones.
La primera de ellas es el uso en el estado de Kentucky de tres sustancias en el método de inyección letal, mientras el estatuto de aplicación de la perna de muerte "permite explícitamente el uso de una única sustancia".
La segunda que la normativa "no contiene medio alguno de determinar si un condenado sufre discapacidad intelectual" tal como la define la ley de Kentucky y en virtud de la resolución de 2002 de la Corte Suprema de Estados Unidos.
El juez Shepherd señaló que "parece que la ejecución de Wilson se ha programado antes de que se determinara su capacidad mental", y concluyó que "existe una creencia de buena fe de que Wilson puede no estar capacitado para la pena de muerte"
Además señaló la “sorprendente serie de hechos" ocurridos durante el juicio de Gregory Wilson en 1988, cuando Wilson tuvo que representarse a sí mismo "a causa de una disputa con el juez sobre el nombramiento, por parte de éste, de un abogado defensor que se presentó voluntario y que no tenía experiencia en juicios de pena de muerte ni en procesos de apelación". Como consecuencia de ello "el Sr. Wilson parece ser el único condenado a muerte de Kentucky que no tuvo abogado en su juicio".
Shepherd también señaló las revelaciones surgidas desde el juicio -y no desveladas por la acusación- respecto a que la coacusada de Gregory Wilson, Brenda Humphrey, "mantuvo una larga relación sexual" antes del juicio y en su transcurso con otro juez de la misma instancia "que era colega y amigo cercano" del juez que presidió su juicio.
Según él, "habida cuenta de las irregularidades del juicio de Wilson, y de la cuestión de si estaba mentalmente capacitado para renunciar a su derecho constitucional a un abogado, y a otros derechos constitucionales, la Corte considera que existen motivos suficientes para pedir que la cuestión se resuelva de forma justa y completa antes de que se aplique la orden de ejecución".
Los abogados de Gregory Wilson han dicho: "Fue un trabajo de equipo que requirió algún tipo de ayuda de prácticamente todas las divisiones de nuestro bufete, así como de muchas personas, entidades y organizaciones de fuera del bufete, tanto locales como de otros puntos del estado, del país y de la comunidad internacional. Gracias a cuantos contribuyeron a esta empresa para salvar una vida".
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