El Estado de Derecho no se defiende mediante un levantamiento en armas contra el presidente electo democráticamente de un país. Ese cuento ya no se lo traga nadie, salvo los ingenuos o los interesados.
Pero además si, en nombre de ese Estado de Derecho que se pretende defender, se masacra al propio pueblo con encarnizadas represiones a las protestas populares y se les dispara con munición de guerra a los civiles, si las cifras de muertos y desaparecidos aumentan cada día y las fuerzas de seguridad se dedican a borrar las huellas de sus atrocidades recogiendo los cadáveres de los ciudadanos que ellos mismos arrojaron a los barrancos para ocultarlos a la vista de la opinión pública internacional, si se amordaza a la prensa de manera que la única visión de los hechos que circula sea la oficial, entonces los que se está defendiendo no es un Estado de Derecho, sino un Estado Terrorista, uno más de los que han asolado, esquilmado y estigmatizado a América Latina durante años.
Ante esta situación lamentable, la Unión Europea no puede queda al margen con tibias advertencias, llamadas al orden y retirada de visados. Si Europa es el valuarte de las libertades y los derechos sociales debe castigar enérgicamente a un régimen que se alimenta de la propia sangre de su pueblo.
El gobierno golpista de Honduras necesita una lección de dignidad y ha de ser Occidente quien se la proporcione sin dubitaciones, con la misma contundencia con la que lo han hecho los profesionales de la medicina del Hospital Escuela de Tegucigalpa que, cuando entraron los militares en el quirófano donde estaban interviniendo al maestro de escuela Jorge Abraham Vallejo del disparo en la cabeza que lo había llevado hasta allí buscando la bala que tenía incrustada en el cerebro, se negaron taxativamente a entregarla porque el proyectil es la prueba definitiva que apunta a la identidad de los culpables.
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